En septiembre de 2014, como parte de una ley general de reforma tributaria, Chile aprobó la implementación de un impuesto verde o pigouviano a las emisiones contaminantes. Este tipo de impuestos grava directamente las emisiones de procesos industriales aproximándose al daño ambiental de la contaminación. El impuesto, que afecta a establecimientos que cuentan con calderas o turbinas, se implementará en el 2017. Este no sólo permite aumentar la recaudación gravando los ‘males’ asociados a la producción, sino que también introduce un nuevo instrumento de gestión ambiental único en Sudamérica, que permite apoyar la reducción de la contaminación local y global.
